El diputado nacional Miguel Bonasso mostró su asombro ante la falta de investigación de la justicia provincial de la responsabilidad que pudiera caberle al ex diputado provincial Ernesto Aparicio en el crimen de la campesina Liliana Ledesma.
“Creo que todavía anda libre el diputado Aparicio, ¿por qué está impune este señor?”, interrogó durante la disertación que ofreció anteayer en la Casa de la Cultura de esta ciudad.
El periodista, escritor y legislador venía hablando del “desamparo de cierto campo que sale en los medios, no tiene ninguna renta extraordinaria que defender porque precisamente es una víctima de la renta extraordinaria, porque sigue sin tierras”, y se refirió a los campesinos más pequeños que son expulsados por grandes productores o empresarios “en “muchos casos a punta de pistola, si no recordemos el caso de Liliana Ledesma”.
“¿Qué raro no?. Y que extraña vinculación entre el desmonte y el narcotráfico”, cerró el comentario sobre el hecho de que Aparicio no fuera imputado como autor ideológico del homicidio de Ledesma.
Por elevación, el golpe llega hasta el propio ex gobernador Juan Carlos Romero y a funcionarios y legisladores de su gestión. Todos recibieron denuncias de la mujer sobre el corte de los caminos vecinales en Salvador Mazza y la posibilidad de que estuvieran dejando liberada una zona para facilitar el contrabando.
Bonasso volvió a Romero cuando habló de como se originó la ley de bosques: recordó que a poco de hacerse cargo de la Comisión de Ambiente de Diputados se enteró de que “Romero, actual vicepresidente del Senado, había privatizado y entregado a un puñado de grupos altamente concentrados, o pensaba hacerlo, 25 mil hectáreas de reservas provinciales en el departamento de Anta”.
Más tarde advirtió que “el país está en una emergencia forestal” debido a que los desmontes siguen a “un ritmo vertiginoso que aumenta de manera exponencial”.
Y recordó que entre la aprobación de Diputados y la del Senado, de marzo a noviembre de 2007, “cuando supieron que venía la ley de bosques, que venía el ordenamiento territorial y que iba a venir un embargo para los desmontes, que se iban a prohibir nuevos desmontes, el ex gobernador de la provincia de Salta Juan Carlos Romero otorgó permiso de desmonte por 478 mil hectáreas. Casi medio millón de hectáreas.
Esto se llama ecocidio, así como hay homicidio, suicidio, hay una nueva categoría que vamos a llamar ecocidio”.
Esa aseveración, con la voz potente, arrancó aplausos. Y hubo todavía más aplausos cuando recordó que la senadora nacional Sonia Escudero decía que la ley de bosques “iba en contra de la creación de puestos de trabajo, como si la soja crease muchos puestos de trabajo”.
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