Corte de ruta en San Antonio de los Cobres por la titularidad de tierras
Unos 200 integrantes de la Comunidad Kolla del Desierto, en la zona rural de San Antonio de los Cobres, en el departamento Los Andes, mantuvieron ayer cortado el tránsito en la ruta nacional 51, a un kilómetro de esta localidad, en el lugar conocido como El Mirador, en reclamo de que el gobierno de Salta agilice el trámite para que sean registrados como propietarios de las 133.347 hectáreas que en 1997 les donara la provincia.
Además, exigen que se les informe sobre la instalación de empresas que procesan bórax, y el pago de indemnizaciones por daños y el canon porque el gasoducto de la Puna atraviesa sus tierras.
La manifestación se inició a media mañana, con una concentración en la plaza Héroes de la Patria, y luego de una caminata por las calles del pueblo se trasladó a El Mirador, donde se inició el corte de ruta cerca de las 11.
“En principio íbamos a hacer un corte de una hora nada más pero después vimos que no era efectivo y nos quedamos hasta hace un ratito nomás”, contó a Nuevo Diario Alfredo Casimiro, delegado de la Comunidad.
El impedimento del tránsito se prolongó hasta pasadas las 17,30.
A pesar de que se acercaron policías y miembros de la Gendarmería Nacional, la protesta se realizó sin incidentes, aunque sí hubo manifestaciones de enojo por parte de los camioneros y turistas que tuvieron que esperar hasta que se abrió el paso.
Casimiro dijo que en un solo caso se permitió el paso de un vehículo, fue alrededor de las 15,30, debido a la descompostura de una turista que esperaba para continuar viaje hasta la capital provincial.
También los visitó el intendente Guzmán Viveros (PJ), pero produjo ningún resultado porque “la Comunidad lo ve muy incapaz de solucionar nuestro problema”, sostuvo Casimiro.
Los kollas reclaman que se vuelva a inscribir como titulares de las 133.347 hectáreas a las 157 personas que recibieron la donación en 1997.
Esta inscripción debe hacerse en la cédula parcelaria de la Dirección General de Inmuebles. Ocurre que en 2004, el Gobierno entregó en comodato 12 hectáreas, de las tierras de los aborígenes, a la empresa Oro Blanco SRL (que explota el bórax) y luego inscribió en la cédula una “rectificación” de la donación, una operación que sería irregular porque no existe ningún documento que avale estos cambios.
Además, luego el Gobierno destinó otras 10 hectáreas para un basurero, y recientemente comenzó a instalarse otra empresa procesadora del bórax, Boro 2000, en un predio similar al de la primera.
La Comunidad inició un reclamo administrativo para que corrija la cédula parcelaria, dado que la donación, aprobada por ley, no puede ser anulada sino por otra ley, pero hasta ahora no ha recibido respuestas del Gobierno. En la manifestación de ayer se consensuó un documento que será enviado al Poder Ejecutivo, informó Casimiro.
Fuente: EL Nuevo Diario de Salta
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